El 19 de septiembre es una fecha recordada por dos de las peores catástrofes que han ocurrido en la Ciudad de México, el azote de los temblores de 1985 y 2017. En ambas ocasiones el saldo fue la pérdida de inmuebles y de vidas.
Aunque todos hubiéramos supuesto que en 2017 estaríamos mejor preparados.
Sin embargo, el 19S es otra muestra de cómo los pactos y corrupción entre autoridades y empresas no sólo generan pérdidas económicas, sino que en muchas ocasiones también cobran vidas.
El colapso, daño y pérdida de edificios y vidas durante el temblor fue una noticia que conmovió a toda la sociedad y que a la vez generó una gran solidaridad entre los habitantes de la ciudad que dispusieron de su esfuerzo para ayudar a los afectados.
No fue así el caso de las constructoras y de muchos funcionarios que se limitaron a dar su más sentido pésame a las familias. Y es que a 3 años del temblor ningún administrativo o inmobiliaria ha sido sancionada.
Las acusaciones no son en vano, puesto que no sólo se derrumbaron edificios viejos o endebles, varios de los colapsos ocurrieron en edificios nuevos que, se supondría, tendrían que haber cumplido con los reglamentos establecidos desde 1985.
Fueron las prácticas de corrupción de muchas inmobiliarias las que dieron paso a la catástrofe. La modificación de los cálculos de ingenieros para aumentar las ganancias, el uso de materiales de baja calidad, un mercado de “remodelaciones” mal hechas y otro mercado de firmas de inspectores de obras.
Como lo mencionamos, ninguna empresa inmobiliaria ha sido sancionada, aunque se han abierto 149 carpetas de investigación. Muchas documentan que el derrumbe no sucedió por el sismo, sino por la baja calidad de las construcciones.
Entre las inmobiliarias más acusadas están: Baitia, Inmobiliaria Porta Tlalpan, Canada Building System y Dijon.
No sólo las inmobiliarias son culpables de la pérdida del patrimonio, también están las autoridades. Tanto las dependencias de desarrollo urbano, que en más de las veces no están a cargo de personal experto en la materia, sino de amigos de políticos y los gobiernos delegacionales que hacen negocios multimillonarios a través de la venta de permisos de construcción.
Lo que más nos arde
En la Ciudad de México se tiene que dar respuesta a las 26 mil personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, quienes perdieron las casas que representaban años de ahorro, a causa de la negligencia de las autoridades. Además de que se debe enjuiciar a los responsables de las 232 muertes que ocasionó este desastre.
Y aunque es probable que no todas las pérdidas sean responsabilidad de alguien al tratarse de un fenómeno natural, casos como el colegio Rebsamen o el de Emiliano Zapata 56 dan muestra de que existe un gran problema de corrupción en el sector de la construcción.
Fuentes:
Es de ardidos 