“El buen juez por su casa empieza”, así reza un conocido refrán en México. Lamentablemente, sus palabras no son seguidas al dedillo por muchas personas, sobre todo quienes desempeñan cargos públicos, que deberían predicar con el ejemplo y apegarse a las normas; pero no es así, pareciera que sus puestos de trabajo los inspiran a intentar esquivar la ley, y salirse con la suya.

En febrero de 2016, fue detenida la directora del penal de Topo Chico, donde se registró un enfrentamiento, ese mismo mes, entre dos bandas rivales dentro del penal. La directora fue acusada de homicidio por los 49 reos que fallecieron en el enfrentamiento, y por abuso de autoridad. Curiosamente, la directora pasó por alto que, dentro de sus instalaciones, habían 60 martillos, 28 piezas mecánicas y 86 cuchillos, que sirvieron como armas durante el enfrentamiento.

De las nueve personas que fallecieron y no fueron identificadas, cuatro no tenían siquiera registro dentro del penal, ¿curioso no?, y había dentro del penal, cuatro personas que no eran guardias ni reos.

En marzo de ese mismo año, la delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, informó que diez funcionarios públicos de la demarcación, fueron separados de sus cargos por la operación fraudulenta del reloj checador, extorsión en materia de obras, y abuso de poder.

Esto como resultado de 94 denuncias que fueron impuestas, por irregularidades en diversas áreas de la demarcación.

Los involucrados, entre ellos directores, sub directores y jefes de unidad, no podrán ejercer cargos públicos en los próximos tres años.

LO QUE MÁS ENCHILA

Con estas acciones, es como los gobiernos pretenden hacerle creer a la población que las cosas están cambiando, y que nadie puede estar por encima de la ley, aunque diversos sucesos nos envíen otro mensaje: el de funcionarios públicos intentado evadir las normas y pretendiendo protegerse por sus cargos.

@ElArdidisimo