En diciembre de 2018, un grupo de jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se manifestaron por la intención del Gobierno Federal de reducirles el salario, de casi 600 mil pesos mensuales, además de todas las prestaciones que se les otorgan de manera adicional.

En México, donde el salario mínimo no llega a los 90 pesos diarios y una buena parte de la población no gana 10 mil pesos mensuales, es evidentemente una especie de grosería que funcionarios públicos ganen más de medio millón de pesos al mes.

La intención del Gobierno Federal, presidido por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es darle austeridad a la función pública en el país, para destinar recursos hacia otras áreas mucho más urgentes como la salud (que por cierto está quebrada) o la educación. Sin embargo, jueces y magistrados afirman que es un acto inconstitucional y que sus salarios no pueden ser reducidos por el presidente de la República.

Y es que aquí, cabe recordar que la función pública en México no es un empleo honorífico o que sirva para dar bienestar a los ciudadanos, y se trata más bien de una especie de mina de oro, una ventaja en la que trabajas el mínimo y ganas mucho dinero.

Hay países en los que ser funcionario público es un honor y no se cobra ni un centavo por ello. Claro que decirle eso a los funcionarios mexicanos, acostumbrados a ganar mucho y robar más, es darles una patada en el trasero y borrarles sus privilegios de clase política, que ve a los mexicanos hacia abajo, desde lo más alto de sus mansiones en las Lomas de Chapultepec.

Lo que más nos arde

El principal problema de México es precisamente la desigualdad, la mala repartición de la riqueza, en la que unos ganan mucho y otros no ganan absolutamente nada, y desde esa perspectiva se construyen muros de pobreza que son imposibles de escalar para las clases marginadas.

@ElArdidisimo