A dos años de la “masacre” de Iguala, aún no se conoce el destino de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; más de una centena de personas han sido detenidas y 70 están bajo proceso, sin embargo, aún se encuentran prófugos actores clave del crimen y no se ha hecho justicia. Mientras tanto, Guerrero sigue siendo un estado herido por los homicidios, las desapariciones forzadas y el descubrimiento de más fosas comunes.

El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes), dio a conocer que en la desaparición de los estudiantes, no sólo participaron policías de los municipios de Iguala y Cocula, sino también de Huitzuco –hecho que también ha sido destacado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– y que hubo una “perfecta coordinación” para tender un círculo de control, y evitar la salida de los autobuses; también reitera que no existe una sola evidencia, para asegurar que los estudiantes hubieran sido ejecutados y cremados en el basurero de Cocula.

Según la versión oficial, los estudiantes involucrados, fueron a “boicotear” un evento político en Iguala, por lo que los expertos independientes han sido contundentes, lavándose las manos, diciendo que, hasta la fecha “no existe certeza sobre el destino de los normalistas”. Hacia febrero de este año, se realizó un nuevo peritaje, a partir del cual se concluye la imposibilidad de que los estudiantes fueran quemados en el basurero de Cocula.

Otro suceso lamentable es el caso de Tomás Zerón. A pesar de su condenable actuación en el proceso de investigación más vigilado en la historia de México, y la exigencia de los familiares de los 43, y de sectores de la sociedad, de que sea castigado por su indebida actuación, Enrique Peña Nieto recolocó a Zerón, como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. De acuerdo con los padres de los 43, esto ha sido una burla. No hay consenso sobre si esta acción fue un ascenso o descenso en la trayectoria de Zerón, pero lo que queda claro es el mensaje del gobierno federal: a los amigos no se les castiga, sólo se les protege, a pesar de sus acciones.

En estos últimos meses, tanto el GIEI, como algunos medios de comunicación, han dado a conocer diversos casos de tortura, a los detenidos por el caso de Iguala. También han salido a la luz nuevos libros académicos y periodísticos –como “La guerra que nos ocultan”, de Francisco Cruz, y “Ayotzinapa: mentira histórica”, de Témoris Greco– que argumentan que, en el fondo del problema, se encuentran, la industria minera y el cultivo y tráfico de amapola y heroína, en la región.

LO QUE MÁS NOS ARDE

A dos años de lo sucedido en Ayotzinapa, queda claro que el camino hacia la verdad y la justicia, aún está muy lejos de descubrirse, y que el gobierno, coludido con la policía, hacen que, en vez de sentirnos seguros en nuestro propio país, nos sintamos que estamos a merced de los intereses y ambiciones, de los que están arriba.

@ElArdidisimo