Lucero Guadalupe Sánchez López, de 24 años, ha pasado, de estar sentada cómodamente en su silla del Congreso de Sinaloa –como diputada– a querer ser desaforada por la Procuraduría General de la República (PGR), ya que falsificó un documento para poder ir a ver al penal del Altiplano, a Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
La procuradora Arely Gómez, dijo que la Subprocuraduría estaba analizando solicitar la declaración de procedencia en contra de la diputada, o sea, solicitar el desafuero.
Sin embargo, ir a ver a Guzmán Loera al Altiplano no es lo único que hizo, pues la PGR tiene evidencias de que la diputada estuvo con él, en la víspera del año nuevo de 2015, por lo que, presuntamente, se especula que tiene una relación amorosa con el capo de la organización criminal.
La diputada dijo,ante diversos medios de comunicación: “No lo conozco, lo conozco igual que ustedes, en los medios, en la tele, nunca he tenido algún acercamiento con él. Es totalmente falso lo de la reunión en Año Nuevo”.
LO QUE MÁS ENCHILA
Es evidente que la PGR tiene que armar un caso concreto en contra de esta diputada, y de todas las personas allegadas a la fuga de prisión y evasión de la justicia del Chapo, pero tardarse siete meses en presentar cargos en su contra, ¡es una cosa intolerable!
Quizá deteniéndola e interrogándola, se pudiera saber más acerca de la situación del líder, de una organización responsable de miles de muertes y desapariciones forzadas al año. Habría que ver qué tan responsablemente está haciendo su trabajo la Procuraduría, y decidir si los manejos de Arely Gómez han surtido un buen efecto en México.
Es de ardidos 