El golpe a la economía mexicana asestado por la pandemia del nuevo Coronavirus ha tenido graves efectos en la vida de las personas. Desde la reducción de sueldos, desempleo y quiebra de pequeñas y medianas empresas, muchas personas se han visto en la necesidad de buscar nuevas formas de ingreso.
Se dice que los mexicanos son ingeniosos a la hora de emprender negocios. Quizá este saber popular sea cierto, puesto que día con día millones de personas trabajan en actividades informales, destacando la venta de diversos productos en la vía pública, desde alimentos, periódicos y revistas, hasta cubrebocas.
Además durante la pandemia ha incrementado el comercio en línea debido a que es una buena opción frente a las medidas de restricción y cierre de los comercios físicos. A través de Facebook cualquiera puede montar un pequeño negocio anunciando sus productos y acordando entregas con sus clientes.
La venta en línea es una forma de sustento para una gran cantidad de personas que han visto reducidas sus entradas económicas durante la pandemia. Por ejemplo, se calcula que 5 de cada 10 mujeres perdieron sus ingresos durante esta emergencia sanitaria.
Sin embargo, el gobierno y las instancias de seguridad han tendido a rechazar y en algunos casos reprimir cualquier actividad de comercio informal. Podemos encontrar muchos ejemplos como la confiscación de cientos de triciclos de vendedores de alimentos en la zona de Polanco, o la destrucción y decomiso de los bienes de varias mujeres de la tercera edad en el Centro Histórico.
Recientemente, las nuevas formas de comercio en línea han corrido con una suerte similar. Durante la cuarentena las personas que realizaban entregas y trueques dentro de las instalaciones del Metro fueron cateadas, expulsadas, extorsionadas y hasta agredidas por los elementos de seguridad de las estaciones.
Como mencionamos, en México el comercio informal es una práctica desarrollada y que representa el ingreso de muchísimas personas. Sin embargo, quizá por la falta de pago de impuestos o la marginación social de las personas que tienen esta actividad como oficio, nunca ha habido claridad respecto a sus derechos.
Lo que sí es cierto es que las actividades informales representan el 22% del PIB, por lo que todo ese dinero termina por estar en un limbo legal en el que los policías locales y los delegados acaban por tener una gran fuente ingresos a través de los permisos y el cobro de cuotas.
Y aunque actualmente las medidas sanitarias sí son una excusa válida para restringir en cierta medida las actividades dentro de las instalaciones del Metro, no cabe duda que a la vez las autoridades tienen una gran excusa para incidir en actividades de extorsión y decomiso ilegal.
Hay que conocer las leyes para defendernos de este tipo de prácticas.
Primero que nada no hay ninguna ley que prohíba el intercambio o entrega de bienes en el espacio público. Un policía no puede revisar tus pertenencias sin una orden judicial, no puede intimidarte o violentarte.
En caso de ser detenido tienes derecho a una llamada y a un abogado, y se tiene que aclarar por qué estás siendo detenido.
Lo que más nos arde
Para muchas personas un negocio informal representa el sustento de familia. Las autoridades muchas veces amedrentan a los comerciantes para su propio beneficio, sea económico o político, y las personas ceden con tal de no perder su patrimonio.
Sin duda, urge mejorar las condiciones laborales de estas personas, que debido a todas las prácticas abusivas de las autoridades, han terminado por ser estigmatizadas y en muchas ocasiones ser consideradas como invasores de la vía pública.
Fuentes:
Es de ardidos 