En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la situación en México en torno a este tema cada día se vuelve más compleja debido a la falta de justicia.
Cualquier atentado contra los derechos humanos requiere de la justicia, acceso a la verdad y retribución para la víctimas, ya sea a los familiares de personas desaparecidas o asesinadas, víctimas de tortura o violaciones, o personas afectadas por redes de trata.
En México existen diversas instituciones que tienen por obligación tratar estos asuntos, sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Sin embargo, como casi todas las dependencias del gobierno está atravesada por la corrupción, la falta de presupuesto y la burocracia.
Mara Gómez, ex titular de la CEAV, presentó su renuncia al puesto hace dos meses debido a que es imposible lidiar con una cúpula de abogados que hacen negocio con los recursos de la comisión. Desde la renuncia de Gómez, la CEAV no ha tenido una nueva persona al mando.
Además de esto, aunque de 2015 a 2019 las víctimas atendidas incrementaron en un 231%, el presupuesto para la comisión no ha aumentado. Esta dependencia es incapaz de atender a una sociedad en la que las violaciones a los derechos humanos se han vuelto una normalidad.
La pregunta es ¿cómo es posible la retribución a quienes han perdido un hijo debido al crimen organizado, a quienes han sido torturados por elementos de seguridad o a mujeres que han sido violentadas?
Lo que sucede es que a falta de un sistema de justicia capaz de castigar a los perpetradores, la ley establece que el Estado debe retribuir simbólica y materialmente a las víctimas.
Es así como la impunidad, la inseguridad y la corrupción han creado un caldo de cultivo para que las instituciones dedicadas a los Derechos Humanos colapsen, siendo incapaces de asegurar cosas tan fundamentales como el apoyo a quienes han perdido todo por la inseguridad.
La ley asegura un apoyo para personas que no encuentran justicia por parte de los aparatos judiciales del Estado. Pero estos programas se han vuelto clientelares y desiguales, siendo aquellos con acceso a abogados quienes logran conseguir remuneraciones exuberantes, mientras los que no tienen nada quedan en el rezago.
Lo que más nos arde
México, un país que tiene 73 mil 201 personas desaparecidas y en donde hay 2.5 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, pero además hay una impunidad del 98% ante este tipo de violaciones.
Lo que sucede es que no hay una voluntad para ejercer la justicia a profundidad, los jueces prefieren declarar prisiones preventivas a realizar verdaderas investigaciones.
Mientras el presidente aumenta la presencia militar en el país, dejando que el Ejército opere a sus anchas, quizá lo que realmente se necesita es que se esclarezcan los crímenes, que se investigue a fondo y que exista justicia para la víctimas.
Fuentes:
Es de ardidos 