Probablemente la controversia política más importante de la historia mexicana reciente está en las declaraciones de Emilio Lozoya, mismas que han puesto al descubierto las redes de corrupción de la clase política y empresarial del sexenio de EPN.
Probablemente todo se remonta al famoso caso del conglomerado de empresas brasileñas Odebrecht. En 2016 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lanzó una investigación en donde se detalla cómo la empresa habría realizado pagos, sobornos y coimas a funcionarios de alto nivel en 10 países americanos, a cambio de obtener contratos en diversas obras públicas por más de 20 años.
En todos los países implicados había habido grandes represalias para los políticos implicados. En Perú, el expresidente Alan García se suicidó antes de ser detenido. Pero en los demás países como Argentina, Nicaragua, Panamá o Ecuador las investigaciones contra altos funcionarios empezaron desde el 2016 hasta la fecha, sin embargo, en México las autoridades nunca dieron señal de querer investigar el caso a fondo.
Fue hasta 2019 que un juez giró una orden de aprehensión en contra del ex director de la empresa petrolera nacional, Emilio Lozoya Austin, por soborno, lavado, enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa. El pasado 12 de febrero Lozoya fue detenido en Málaga, España.
Lozoya ha decidido negociar su libertad con las autoridades mexicanas a cambio de toda la información que tenga acerca de la red de corrupción del gobierno. Para su defensa Lozoya ha acumulado distintos documentos, mensajes y grabaciones en los que implica a más de una treintena de personajes en la trama de corrupción, que van desde presidentes, secretarios, legisladores y empresarios.
El punto en el que convergen todos los implicados es en el contexto de la reforma energética del ex presidente Enrique Peña Nieto, el llamado “Pacto por México”.
Para impulsar esta reforma, Odebrecht dio sobornos a PEMEX y a varios funcionarios políticos, quienes a su vez impulsaron la candidatura presidencial de Peña y la aprobación de la reforma energética.
En un comienzo, Lozoya habría primero pactado con Luis Alberto Meneses Weyll, director de la consultora Odebrecht, la entrega de 4 millones de dólares a varias cuentas del PRI. A través de estos sobornos se repartieron 80 mdp a senadores del PAN, 34 mdp al director de finanzas del PRI y al menos 12 mdp a funcionarios de PEMEX y el SAT, durante el sexenio de Felipe Calderón.
Pero fueron Luis Videgaray y Peña Nieto quienes verdaderamente ocuparon la mayor parte de los sobornos de Odebrecht. La empresa brasileña prometió dar 6 millones de dólares para financiar la campaña de EPN, a cambio del contrato Tula 1.
Este pacto se cumplió en 2014, por lo que por órdenes de Videgaray se repartió dinero entre funcionarios mexicanos a cambio de favores: 80 mdp fueron gobernadores y senadores del PAN como Francisco Javier García Cabeza de Vaca (actual gobernador de Tamaulipas), Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas. 6.8 mdp al presidente de la cámara de diputados, Ricardo Anaya, además de 84 mdp entregados al entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade y a Ernesto Cordero.
Lo que más nos arde
En total son tantos los implicados en este entramado de sobornos y favores bajo la mesa, que poco es lo que queda de la clase política mexicana que no esté manchado por estos negocios ilícitos. Por el momento, la audiencia de Emilio Lozoya se está llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, pero a puerta cerrada, en un hospital, por videoconferencia y sólo se informa de ésta a través de un canal de mensajería de texto.
Fuentes:
Es de ardidos 