Desde la toma de posesión del ex-presidente Felipe Calderón en 2006 y el inicio de su fallida “Guerra contra el narcotráfico”, la situación de seguridad en México se ha ido deteriorando progresivamente. El lúgubre panorama de seguridad ha dado como resultado, entre otras muchas consecuencias, el registro 71 mil 678 casos de desaparición de personas que aún no han sido encontradas.
La historia de la desaparición en México tiene su antecedente más directo en la llamada Guerra Sucia de los 60 y 70. En ese entonces la desaparición forzada era una práctica de las autoridades para contener a la oposición política, siendo el caso más claro el de los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968.
Fue durante el sexenio de Enrique Peña Nieto cuando las cifras de desapariciones empezaron a alarmar, al principio de su sexenio se reveló una lista de la PGR con 25 mil casos de personas desaparecidas, siendo el 2017 el año más violento de la historia de México con un total de 33 mil 125 personas desaparecidas.
En la administración liderada por Andrés Manuel López Obrador se han denunciado 63 mil 523 personas desaparecidas, de las cuales han sido halladas 35 mil 652. En este marco, se ha revelado el hallazgo 3 mil 978 fosas clandestinas en donde han sido exhumados 6 mil 625 cuerpos, de las cuales mil 143 fosas fueron localizadas por el actual gobierno.
La desaparición en México está ligada tanto a las prácticas del narcotráfico, como a las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades policiacas, así como al uso de esta práctica para la represión política. Factores que están íntimamente relacionados, siendo casos paradigmáticos la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la desaparición constante de periodistas mexicanos o la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez.
Existen varias causas que han permitido que se perpetúen las desapariciones en México. Por un lado, hay un vacío en los protocolos legales de justicia, la denuncia es un proceso tortuoso que en muchas ocasiones lleva a un callejón sin salida o incluso pone en riesgo la integridad de los denunciantes.
A lo anterior se le suma la impunidad de las autoridades a través del encubrimiento y la fabricación de evidencias. Ya sea que las autoridades esten coludidas con el crimen organizado, que el Estado proteja los intereses militares o que el sistema de investigación carezca de capacidad para responder a la problemática de las desapariciones, la desconfianza, miedo y dolor de las víctimas no debería ser aceptada como algo normal.
Para quienes quieran cambiar el funesto día a día de los mexicanos y mexicanas que viven las consecuencias de un Estado fallido, sólo queda seguir exigiendo justicia, dar visibilidad a la violencia, denunciar la desaparición y confrontar a las autoridades hasta obtener la justicia.
Fuentes:
Es de ardidos 