En el 2019, en México, medios y redes sociales concentraron su atención en el estado de Oaxaca, pues en estos, se reportaba el ataque a una saxofonista en su domicilio. Se trataba de María Elena Ríos Ortíz, quien había sido agredida con ácido sulfúrico por dos albañiles que posteriormente fueron detenidos.
El ataque fue orquestado por Juan Antonio Vera Carrizal, ex diputado cuyo hijo mantenía una relación con la saxofonista, si bien este último jamás se enfrentó a la justicia, el ex diputado sí fue procesado en el 2020.
María Elena sobrevivió y se convirtió en activista, comenzando su lucha para que ninguna otra persona sufriera una agresión de ese tipo y que aquellos que cometan este acto paguen por sus acciones, por lo cual, casi 5 años después la CDMX decidió sumarse a las entidades que castigan estos actos con cárcel, siendo las otras entidades Puebla y Baja California.
La Ciudad de México, es la tercera entidad en aplicar la ley a agresores que utilicen ácido o cualquier otra sustancia química para dañar a mujeres, niños y niñas, adolescentes, personas transexuales y transgénero, además de personas discapacitadas. La condena puede ir de los 8 a los 12 años de cárcel, pudiendo aumentar incluso hasta a 30 años de prisión. Pero se considerarán los daños causados por lo cual los ataques también podrían ser tratados como tentativas de feminicidio.
La Ley Malena se trata de una serie de reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las cuales fueron aprobadas con 42 votos, completamente a favor. En estas se incluye la condena a los agresores, el impulsar un registro de víctimas, así como la facilitación de recursos para reparar los daños, recursos para ayudar física y mentalmente a las víctimas, y la posibilidad de propiciar la reinserción a las personas afectadas a una vida social y laboral plena.
Este es un primer gran paso, pero aún se debe hacer mucho en México y en el mundo, pues si bien, tres entidades mexicanas se han unido para darle un nombre a este tipo de violencia, aún faltan casos que necesitan justicia. Tan solo durante 2022 y 2023, se registraron cerca de 200 ataques químicos a mujeres, de los cuales la gran mayoría siguen impunes.
Fuentes:
Es de ardidos 